El proyecto de Código Civil niega el derecho al conocimiento de la identidad biológica

Luego de haber encabezado una pública y sostenida defensa del derecho al conocimiento de la identidad biológica de todo ser humano, extrañamente nuestro país, a través del proyecto de unificación legislativa de los códigos Civil y Comercial presentado recientemente por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ingresa de lleno al conjunto de países que niegan dicho derecho a un amplio sector de personas.

Todos hemos podido observar los múltiples esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso al conocimiento de los datos genéticos filiatorios de tantos compatriotas que padecieron el ocultamiento de su identidad biológica durante los años la dictadura militar.

Este derecho a la identidad biológica, como comúnmente se lo denomina, se refiere en sí al derecho al conocimiento de la filiación biológica, del origen o dato genético de cada individuo.

"Identidad biológica" poseemos todos, ya que se trata de un elemento constitutivo de la persona que no le puede ser quitado o modificado [1]. Lo que es necesario determinar es si le corresponde a todo ser humano el derecho a conocer el dato genético, el origen de su identidad biológica. No hay duda que si consideramos que algunas personas gozan del derecho a conocer su filiación biológica y otras no, estamos frente a una norma discriminatoria que contempla distintas categorías de sujetos.

En nuestro país durante estos últimos años se ha afirmado que:
"Todo sujeto debe poder saber cuál es su origen de sangre" [2].
"En los juicios de filiación la búsqueda de la verdad jurídica objetiva es la única meta, es necesario desentrañar la verdad biológica, es un imperativo supremo, no importa quién gana o quién pierde un juicio [3].
Y también decía, hace unos pocos años atrás, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las coautoras del proyecto presentado y que ahora, contrariamente a lo que aquí expresa, ha pasado a promover abiertamente la negación del derecho a conocer la identidad de origen: "En mi opinión, adulto o niño, toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico. (…) "Creo que el derecho al conocimiento de la verdad biológica y el derecho al establecimiento de la filiación sobre bases biológicas están mucho más acendrados en los pueblos latinoamericanos que en los europeos. Entre nosotros, doctrina y jurisprudencia afirman enfáticamente, y sin discusión, la existencia de un verdadero derecho subjetivo a conocer la identidad biológica, que integra el núcleo duro de su derecho a la personalidad, y que resulta exigible al Estado" [4].

Nuestra legislación vigente establece la obligatoriedad del estado de proteger y respetar la identidad de los menores (arts. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por ley 23849 y de jerarquía constitucional por art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.); y también las constituciones de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires reconocen el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen.

Sin embargo en el proyecto de unificación recientemente presentado se dispone que las personas concebidas a partir de técnicas de procreación asistida no podrán indagar su origen biológico, salvo por "razones debidamente fundadas" y a través de un procedimiento judicial.

Para estas personas sus vínculos filiatorios serán definitivos con quienes hayan declarado su "voluntad procreacional", con independencia de quienes sean los aportantes de los gametos.

Entonces, la persona concebida a través de técnicas de fertilización asistida, podrá ser inscripta como hija de dos personas con las cuales nunca sabrá si la une algún vínculo biológico, ya que nadie queda obligado a informarle si los aportantes de gametos fueron quienes dicen ser sus padres, o uno de ellos, o ninguno. La "voluntad procreacional" de quien se atribuye el status de padre o madre, suplanta al dato biológico. El único supuesto que se prevé para que la persona acceda a la información de la identidad del donante es como ya anticipé: a petición suya a través de un trámite judicial y por "razones debidamente fundadas". Y también se contempla la posibilidad de brindar "información relativa a datos médicos del donante" (que no es lo mismo que identidad) en supuestos en que exista riesgo para la salud.

Es decir, que mientras en nuestro derecho se considera que el conocimiento de la identidad de origen es un derecho de rango constitucional, el proyecto de unificación prevé normas para un sector de la población, que no protegen el acceso al conocimiento del origen genético, no comprometen al estado ni a quienes se emplazan en el lugar de padres a brindar información, y limitan el acceso a la verdad a casos excepcionales (que evidentemente sólo podrán ser utilizados por quienes logren alcanzar algún grado de certeza de haber sido concebidos a través de métodos artificiales).

Más allá de que el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti afirme que "Este es el código de la igualdad", lo que se observa es que no es tan igual la posibilidad que tiene cualquier persona de conocer su identidad biológica, con el tratamiento que se les da a los nacidos por técnicas de fecundación asistidas, quienes deberán soportar por ejemplo tener como padre y madre a dos personas de igual sexo porque así lo han expresado en su "declaración de voluntad procreacional", y no podrán indagar sobre sus verdaderos padres biológicos.

Evidentemente esta obstrucción al conocimiento del dato genético que se le impone a un sector de la población, no tiene un fundamento justificado. Si alguien dona gametos con el fin de procrear no se explica por qué habría de ser eximido de toda responsabilidad para con su descendencia, en perjuicio precisamente de esta última. Si los fines son meramente económicos (normalmente estas donaciones son pagas), la decisión de darle amparo legislativo al anonimato, se torna aún más reprochable.

Lo que surge claro es que se busca eximir de toda responsabilidad a los laboratorios o clínicas que lleven adelante la procreación humana a través de métodos artificiales. Si a esto le sumamos que para el proyecto legislativo, los seres concebidos por métodos artificiales, recién son "persona" a partir de su implantación en la mujer, vemos que estos laboratorios no tendrán ninguna responsabilidad en su actividad, ni por eliminación de vidas, ni por confusión de gametos o implantaciones erróneas en que pudieran incurrir.

De este modo se asegura la rentabilidad, aún a expensas de los derechos de los ciudadanos.

En los artículos 51 y 52 del Proyecto de unificación se dispone que: "La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad", "La persona humana afectada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos …"

Como vemos, ocultar a los descendientes la información acerca de su verdadero origen y de quienes son sus padres biológicos, no es acorde con lo que se enuncia en estas normas.

En EEUU, el avance de la procreación a partir de donantes anónimos de óvulos y esperma, ha causado el surgimiento de agrupaciones de personas nacidas en esas condiciones que reclaman conocer su origen y peticionan por el fin de estas prácticas (Puede verse el estudio My Daddy’s Name is Donor 'Mi papá se llama Donante', y los informes y documental en las web Anonymousus.org y www.anonymousfather's day).

El anonimato de quienes aportan óvulos o esperma para fines reproductivos, hoy está siendo dejado de lado en la mayoría de los países, y se han ido creando registros de donantes. Sin embargo la información contenida en esos registros sigue siendo confidencial y salvo casos de excepción, no se encuentra a disposición ni de los receptores ni de los descendientes, ya que continúa vigente el derecho del donante a que no se revele su identidad. Este parece que sería el sistema que se quiere implementar en Argentina.

El único país occidental que expresamente prohíbe el empleo de técnicas de reproducción artificial (Fecundación in vitro) por los efectos negativos que causa sobre la vida humana, es Costa Rica. Esta decisión le ha valido ser llevada a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta el momento se haya dictado sentencia [5].

[1] Cf. Elsa Lidia Galera, "El origen del adoptado y el derecho a la intimidad de la familia biológica", ponencia presentada en las II Jornadas Interdisciplinarias de Adopción, Mendoza, octubre de 2004.

[2] "El pretendido derecho a la identidad biológica y la verdadera caracterización jurídica y dimensión de su contenido", Cifuentes, LL, 2001-C-759.

[3] "La supremacía del derecho a la identidad filiatoria", López Del Carril, Luis María, LL-2009-E, 70.

[4] Kemelmajer de Carlucci, Aída, "El derecho humano a conocer el origen biológico y el derecho a establecer vínculos de filiación" en Revista Derecho de Familia, N° 26, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004.

[5] Puede verse "Fertilización in vitro y presiones" del Dr. Alejandro Leal.

EN ARGENTINA LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA NO SON LEY DE LA NACION

(Sobre el fallo en causa "FUENTES AURORA LUISA s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Exp. 259/10, 13/3/12)

Que los jueces, tribunales, Cortes provinciales y la Corte de la Nación dictan fallos injustos no es novedad para nadie. Por lo tanto, lo sucedido el 13/3/12 en la causa 259/10 (CSJN) no debería sorprendernos, más allá de que algún medio lo califique de "histórico".
Histórico será el día que en nuestro país se haga justicia, en vez de seguir utilizando el aparato judicial para cometer las mayores injusticias.
Lo que hoy necesitaba el país es que algún juez le haga justicia a las víctimas de la corrupción y de la inseguridad. Lo que hoy necesitaba el país, para tener una jornada realmente histórica, es que se le ponga fin a la vergonzosa actuación de Oyarbide en el poder judicial y que se resuelvan con justicia, las causas, Shocklender, TBA, Boudou, Ciccone, y tantas otras. Pero como nada de eso "histórico" iba a suceder, para que hoy no se hable de Moreno, de los periodistas "nazis", del vice, de los jueces amigos, de los trenes, etc. no tuvieron mejor idea que sacar a la luz un fallo que hace meses esperaba su oportunidad de recordarnos a los argentinos que caemos en picada hacia la muerte.

El fallo de la Corte no es ninguna novedad. Hace mucho que sabemos cómo está integrada la Corte y qué piensan sus miembros (designados por propuesta del Poder Ejecutivo), sobre todo en materia de complacer a Naciones Unidas, (OMS) Organización Mundial de la Salud (ambas citadas en el fallo) y otras organizaciones internacionales en su deseo de llevar a cabo la eliminación de niños argentinos.

¿Cuál es el valor del fallo de la Corte? Lo importante para tener en cuenta es que en nuestro sistema judicial el fallo de la Corte Suprema es aplicable exclusivamente al caso concreto que resuelve y no es extensivo a otros supuestos. El fallo no es obligatorio para quienes no son partes de ese juicio. Tampoco es de aplicación obligatoria para los jueces inferiores.

Concretamente el fallo, además de justificar un asesinato sucedido hace unos 2 años, exhorta a las autoridades, y en general diría yo a la población toda, a practicar abortos.

Las preguntas serían:

¿Puede la Corte Suprema de Justicia, exhortar a la sociedad a actuar en contra de la ley?

¿Puede la Corte Suprema de Justicia, exhortar a la sociedad a actuar en contra de su conciencia?

¿Esa exhortación que hace la Corte Suprema, es obligatoria para alguien?

A todos estos interrogantes la respuesta es NO.

La Corte brinda una argumentación para fundamentar su decisión. El resto, la exhortación, las aclaraciones (lo que en derecho llamamos obiter dictum, es decir todas aquellas consideraciones que no son estrictamente necesarias para decidir en una causa  pero que los jueces desarrollan para expresar con mayor amplitud su pensamiento sobre el tema), no surten ningún efecto sobre la causa en sí ni sobre la legislación vigente.

El valor que tiene un fallo de estas características es servir de precedente jurisprudencial que será citado sin dudas, por todos los jueces que en sus fallos resuelvan avalar las prácticas abortivas. Además, se trata de una anticipación a cualquier asunto similar que en el futuro uno quiera llevar al tratamiento de la Corte. La Corte da a conocer y anticipa cual será su respuesta ante casos similares, pero obviamente esto será así siempre y cuando se mantenga la misma composición en cuanto a sus miembros y que no haya cambios sustanciales en la legislación vigente.

Pero en ningún caso, el dictado de este fallo de la Corte Suprema, modifica los procedimientos que se vienen utilizando frente a las solicitudes de abortos de mujeres o sus familiares, ni modifican la ley aplicable.

¿Cuál es el mensaje que se ha tratado de transmitir desde los medios de comunicación?

Evidentemente los medios de comunicación han tratado de instalar en la sociedad la convicción de que el aborto ha sido aprobado, y la mayoría del público parece haberlo entendido así. La complicidad de los medios ha llevado a muchos a pensar que  ya ni la ley ni los jueces tienen algo que decir al respecto. Sin embargo, como ya dije, la ley no ha cambiado y es de esperar que abogados y jueces sigan aplicando correctamente nuestras normas, que continúan siendo provida más allá de lo que puedan afirmar con razonamientos equívocos los miembros del Supremo Tribunal.

Conclusión: El art. 86 del Código Penal no ha sufrido modificaciones. La Corte Suprema con su actual composición (proabortista) ha hecho una interpretación de esa norma, pero esa interpretación de ningún modo es obligatoria para los particulares, ni para otros jueces. Ni aún es obligatoria para la misma Corte, que en un futuro podría sin inconvenientes modificar su criterio.

La información transmitida por la mayoría de los medios de comunicación demostró la intención de imponer en la sociedad la creencia de que el aborto ha sido despenalizado para el caso de violación, sin aclarar debidamente los reales alcances que tiene el fallo de la Corte. Este hecho recuerda el tratamiento que se le dio a la noticia del falso dictamen de la Comisión de Legislación Penal, ocurrido a principios noviembre del año pasado, donde también se trató de engañar a la sociedad sobre un avance de los abortistas que en la realidad no existía. (Claro que la maniobra fue tan burda que a las 24 horas tuvieron que informar la verdad, no obstante lo cual muchos aún hoy siguen creyendo que ese dictamen existe). ♦